La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresa su solidaridad con la lucha del pueblo indígena Mayo-Yoreme de Topolobampo, Sinaloa y del colectivo ¡Aquí No!, organización que, con fuerza, determinación y dignidad, ha luchado durante más de 12 años contra la instalación de la planta de amoniacoEste proyecto de la planta de amoniaco pertenece a la empresa suiza Proman, a través de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), y cuenta con financiamiento de alrededor de 860 millones de dólares de un consorcio que incluye al banco público alemán KfW IPEX-Bank.
El avance del proyecto ya ha destruido un área significativa de manglar, violentando la NOM-022-SEMARNAT-2003, la Ley de Vida Silvestre y la declaratoria de humedal de importancia internacional (Sitio RAMSAR). Además, las comunidades ya observan afectaciones negativas a la actividad pesquera. Por ello, exigimos se revoque la autorización de Impacto Ambiental otorgada a esta empresa y se le sancione por los delitos ambientales causados hasta el momento.
Si la planta de amoniaco entra en operación, se prevé que acabaría con 22 mil 500 hectáreas de manglares y tendría consecuencias devastadoras para la vida acuática en la Bahía y para miles de familias que dependen de ella. Además, una fuga de amoniaco de la planta sería fatal para el ecosistema y miles de personas en la zona aledaña.
Nos unimos a la exigencia hacia la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, que asuma su responsabilidad de garantizar un ambiente sano para la población, y de prevenir que este proyecto siga generando más daños sociales y ambientales. Así mismo, exigimos se atiendan las recomendaciones de 11 relatores especiales de las Naciones Unidas que estuvieron en la Bahía de Ohuira el año pasado, informándose sobre los daños y las violaciones a derechos humanos que este proyecto causará y está causando ya a las comunidades indígenas.
También exigimos que la SEMARNAT se abstenga de pretender mediar entre los intereses de los inversionistas y los de las comunidades afectadas, ya que, hasta el momento dicha pretensión sólo ha significado dilación mientras la construcción de la planta avanza.
Lamentablemente, este es otro caso más como muchos en el país, como mucho en el país, en el que se simulan las consultas indígenas, tal como ha ocurrido con proyectos como el “Tren Maya” y el “Corredor Transístmico”, entre otros. En este caso, a finales de 2022, el gobierno federal llevó a cabo una consulta indígena por el gobierno federal, obligado por una sentencia de la SCJN (AR 497/2021), en respuesta a un amparo promovido por las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredón. El proceso terminó con el acarreo de otras comunidades que no serán directamente afectadas. Como lo hemos reiterado en distintas ocasiones desde la REMA, estas consultas no son ni previas, ni libres, ni informadas y mucho menos culturalmente adecuadas, sino procesos manipulados para legitimar proyectos que despojan a las comunidades de su territorio, su cultura y su vida, además de generar una grave e irreversible destrucción ambiental.
El colectivo ¡Aquí No! informa que la SEMARNAT siente presión para cancelar el proyecto, no por falta de razones para hacerlo, sino por los avances que lleva y por los años que ha intentado imponerse. En una declaración del 4 de junio de este año, la Secretaría expresó estar con las manos atadas, “…lamentablemente es un proyecto muy avanzado, que lleva muchos años de haber sido aprobado, nosotros no sabemos si lo vamos a poder cambiar. Pero de que vamos a ir a escuchar a la gente, por supuesto que sí”.
Algo que no se explicita, pero sin duda está presente, es el temor de las autoridades ambientales de que cancelar el proyecto podría derivar una demanda por parte del promovente extranjero del proyecto, con una demanda por cientos de millones o hasta miles de millones de dólares.
Con base en los privilegios exclusivos para empresas transnacionales que se encuentra en los tratados bilaterales de inversión, tal como el que tiene México con Suiza, la empresa podría demandar al país no sólo por el valor de su inversión, sino incluso por las ganancias esperadas al futuro en caso de que el gobierno tomara una decisión que pudiera afectar su negocio. Esto es un ejemplo del nivel de subordinación que generan los acuerdos internacionales de inversión.
México es uno de los países más demandados del mundo a través del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado (conocido como ISDS por sus siglas en inglés) y los sucesivos gobiernos del 4T no han querido cuestionar este andamiaje jurídico neoliberal, a pesar de que éstos claramente socavan la toma de decisiones soberanas y necesarias para garantizar el bienestar colectivo y ambiental.
Como REMA, señalamos que el hecho de que este proyecto lleve años intentando imponerse y que ya cuente con cientos de millones de dólares de financiamiento por parte de un banco alemán no puede ser excusa para no actuar.
Esperamos que la apertura de la Secretaría para dialogar y escuchar al colectivo ¡Aquí No!, no sea entendido por el gobierno como un proceso de administración de conflictos. Por el contrario, esperamos que la reunión que hubo el viernes 12 de junio en Los Mochis se traduzca en decisiones que conduzcan a la cancelación definitiva del proyecto y a la protección de los luchadores sociales, las comunidades afectadas y de sus medios de vida.
Finalmente, repudiamos cualquier intento de represión y criminalización a las y los defensores del territorio y responsabilizamos a la empresa y al gobierno federal, estatal de Sinaloa y municipal de Ahome por cualquier daño físico y material que puedan sufrir las y los defensores del Colectivo !Aquí No!
¡Cancelación definitiva de la planta de amoniaco en Topolobampo!
