2 junio, 2013 / 06:39
José Bruno del Río Cruz
Como en muchas cosas en nuestro país, no se toman las providencias necesarias para evitar tragedias que enlutan muchos hogares, generalmente humildes, para que entonces si vengan las declaraciones oficiales, se llenen los medios de comunicación de pormenores de la desgracia, pero casi nunca se encuentra a los responsables que muchas veces, por razones económicas, no invierten en garantizar la seguridad al tratarse de un accidente laboral, introduciendo los sistemas de protección más elementales.
El tema vino a mi mente recordando el caso de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, que dejó docenas de viudas y huérfanos, pues a la poderosa compañía minera México no se le fincaron responsabilidades ya que el entonces Secretario del Trabajo, Javier Lozano, hoy protegido con la inmunidad senatorial, hizo un pobre papel frente a las demandas de recuperar los cadáveres y hacer efectivas las promesas de ayudas, indemnizaciones y becas que inicialmente se habían ofrecido.
Por supuesto que los problemas que provocan las concesiones mineras a las trasnacionales canadienses, inglesas y norteamericanas que deforestan y alteran el medio ambiente con las grandes explosiones en las montañas, la contaminación de los ríos y lagunas con los derivados del cianuro que emplean, todo en forma irregular, pero consentido por las autoridades, a pesar de las continuas protestas de los pueblos indígenas que han llegado hasta las más altas autoridades del país y el extranjero.
LA ONU NOS RECONVIENE
En efecto, la Organización de las Naciones Unidas urgió al Gobierno mexicano a atender y resolver los conflictos que genera la extracción minera en territorios indígenas. “La intensidad de los conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es preocupante”, advierte un reporte sobre las industrias extractivas en México, elaborado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
“Refleja (los conflictos) una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones de las instituciones y de las empresas extractivas nacionales y transnacionales”, destaca el documento.
En México, refiere, se tienen documentados al menos de 19 conflictos mineros y más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales, según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En el reporte, presentado en el marco del 12 periodo de sesiones del Foro Permanente para la Cuestiones Indígenas, se indica que los conflictos se presentan en las zonas de tradición minera de Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí, pero además en las Sierras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz.
TUVO QUE INTERVENIR LA ONU
Un caso emblemático, señalado es el de Wirikuta, en Real del Catorce, San Luis Potosí, donde huicholes tienen en el Cerro del Quemado su principal centro ceremonial. En esa zona que se encuentra dentro de un área natural protegida; se otorgaron 76 concesiones mineras, lo que ha generado diversas protestas.
Ante estos casos, Naciones Unidas llama al Gobierno mexicano a reformar la Ley Minera, las de Aguas Nacionales, la Agraria, la Ley General de Bienes Naciones y la Ley Federal de Derechos para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Pide además castigar a los responsables de crímenes que se han cometido contra líderes indígenas, de los que documenta dos casos en Oaxaca, y no criminalizarlos en sus protestas. Aunque señala que en este siglo ya se reconoce la existencia generalizada de conflictos por la minería, lamenta que todavía no se ha desarrollado un mecanismo legal para que se hagan consultas abiertas cuando se va a iniciar un proyecto, por lo que pide a México crear una Ley Federal de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, basada en los estándares internacionales. A la Cámara Minera de México también le pide hacer consultas antes de la exploración.
El documento recuerda que el uno de diciembre inició un nuevo régimen político y que el Pacto por México incluye expedir una nueva Ley de Explotación Minera que revise el esquema de concesiones. Sin embargo, alerta que algunas empresas buscan que el país no revise el tema de la minería y cambie leyes que pudieran dar preferencia a las problemáticas socio-ambientales. Ojalá las injusticias milenarias contra el entorno ambiental y la vida de nuestros sufridos mineros se resuelvan para siempre.
http://eldiariodevictoria.com.mx/2013/06/02/el-oro-sale-los-muertos-quedan/
