CUERNAVACA, MORELOS.- El delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Morelos, Andrés González García, reveló que en octubre de 2012 la empresa Esperanza Silver de México S.A. de C.V. firmó un convenio con los pobladores de Tetlama para iniciar los trabajos de explotación de una mina, de la que pretendían extraer plata y oro de sus ejidos.
Ello, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aún se encontraba en el análisis del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), que le daría o negaría el permiso a la minera para iniciar la explotación y extracción de los metales preciosos en la comunidad que pertenece a Temixco.
Según el delegado, entre 2008 y 2011, la empresa suscribió un convenio con los comuneros de Tetlama para la exploración del Cerro del Jumil y de La Calabaza.
Sin embargo, refiere que antes de que culminara el último acuerdo en junio de 2013, “LA EMPRESA” convenció a los comuneros para que firmaran un nuevo permiso. El de explotación de las hectáreas.
“Ese convenio de exploración se vencería en junio de este año, pero se adelantó la empresa y le dice a los comuneros: ‘Ahora vamos a firmar por la explotación’. De alguna manera los convenció y fue cuando suscribieron el convenio el 11 de octubre de 2012”, refirió el delegado.
En este sentido, señaló que, antes de la firma, la empresa y los comuneros solicitaron la participación de la dependencia agraria para que revisara y participara como testigo del convenio.
Sin embargo, explicó que se opusieron a la firma porque el acuerdo sólo beneficiaría a los intereses de la empresa canadiense.
“Nosotros les contestamos que no era procedente, porque el convenio no era acorde a los intereses de los comuneros. Nos opusimos a la firma y se le mandó un oficio a la empresa Esperanza Silver y a la oficina central en el Distrito Federal de la Procuraduría Agraria, diciéndole que la dependencia no era competente para firmar como testigo ni nada, y mucho menos para autorizar la posibilidad de ese convenio”, agregó.
«No era un convenio (el de la explotación) que beneficiara a los comuneros, por eso dijimos que no. Sin embargo, el coordinador insistió y pidió que se le dieran las facilidades a la empresa. Tan es así que el convenio se firmó en las instalaciones de la Procuraduría Agraria.»
Andrés González García, delegado de Procuraduría Agraria
