MIGUEL BARRAGÁN TORROELLA
A partir de Miguel de la Madrid, que impuso el neoliberalismo traicionando los principios de nuestra carta constitucional, se han sucedido gobiernos antimexicanos que están regalando los bienes de la nación. A la fecha se han concesionado a extranjeros más de 51 millones de hectáreas para la explotación minera, principalmente de plata y oro. Alrededor del 26% del territorio nacional ha sido entregado a consorcios, principalmente canadienses. Sólo con Antonio López de Santa Anna nuestro País había perdido tanto territorio.
En 1992 Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley Minera y comenzaron las concesiones al capital foráneo. En 1993 desapareció el “tope” a la participación extranjera en este sector estratégico. En 1996 Ernesto Zedillo aceleró este proceso y Fox hizo lo propio en 2005. Se eliminaron los impuestos a la actividad minera, autorizando pagos simbólicos por hectárea explotada: la ley vigente establece que “los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción durante el primero y segundo año de vigencia: cinco pesos ocho centavos por hectárea… del décimo en adelante 111 pesos”. Solamente el año pasado, las empresas nacionales y extranjeras obtuvieron beneficios por más de 15 mil millones de dólares. Los canadienses se han llevado más de tres mil millones de dólares en 2009 y cuatro mil 500 millones en 2010.
No se entiende el propósito de regalar los bienes nacionales, pues ni fiscalmente nos benefician y tampoco como generadoras de empleo. Según documentó la Secretaría del Trabajo, el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios. Las empresas no sólo explotan la riqueza sino también al trabajador mexicano.
El pasado 16 de julio, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, denunciaron en el Senado la “conducta criminal” de las empresas canadienses, las que llegan a contratar sicarios para amenazar e incluso matar a activistas que se oponen a proyectos que afectan a sus comunidades.
Documentaron una docena de casos en las que están involucradas las mineras canadienses “Fortuna Silver Mines”, “Blackfire Exploration” y “Minefinder”, entre ellos los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo pasado en San José del Progreso, Oaxaca.
La senadora Iris Vianey Mendoza informó que el 3 de julio envió una carta al secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, en la que pide se expulse del País a dos directivos de la empresa “Esperanza Silver”, que han violado la Constitución al organizar y encabezar movilizaciones para exigir que se les permita operar en Morelos, pese a que la Secretaría del Medio Ambiente les negó el permiso.
Comportándose como lo hicieron los colonizadores en África, así vienen con arrogancia y prepotencia.
Y ahora tienen en la mira el petróleo.
http://www.am.com.mx/opinion/leon/entreguismo-gubernamental-2751.html
